Política pública de concesiones ha cambiado a Chile. Sin ella no seríamos lo que somos. Pero nubarrones no solo ideológicos acarrean riesgo de inmovilismo. Columna de presidente de Copsa.

Santiago, 18 de abril de 2016.- Un reciente estudio de percepción sobre infraestructura y sistema de concesiones arrojó resultados interesantes. Los chilenos destacan como símbolos de modernidad los aeropuertos y las carreteras. Por el contrario, manifestaciones de retraso son la infraestructura hospitalaria, el transporte público y las cárceles.

Consultados por su disposición a pago, casi el 80% de los encuestados contestó que están disponibles a pagar por mejor infraestructura y mejores servicios. Aún más, cerca del 75% opinó que debía concesionarse siempre que se pueda y/o cuando el Estado carece de recursos.

El estudio revela que la mayoría entiende de qué hablamos cuando decimos concesiones: construcción y operación de infraestructura pública por privados, por un tiempo dado y contra un pago determinado. Copsa ha sostenido que el sistema de concesiones de infraestructura ha sido una política pública exitosa. Lo anterior se puede demostrar de varias formas. Solo pensemos qué sería de la movilidad en la Región Metropolitana si no existieran las autopistas concesionadas.

¿Quién recuerda el “aeropuerto” de Santiago hace poco más de 20 años? ¿Olvidaron que la doble vía llegaba hasta Polpaico por el norte y a San Bernardo por el sur?

Tampoco había doble vía entre Santiago y Valparaíso o San Antonio. Solo por nombrar algunos ejemplos. Cabe preguntarse, también, si el Estado con recursos fiscales lo hubiese podido hacer.

La respuesta es no. La política pública de concesiones ha cambiado y sigue cambiando a Chile. Sin ella no seríamos lo que hoy somos. Sin embargo, algo pasa. Hay nubarrones y no solo ideológicos que acarrean el riesgo de inmovilismo. Partamos de un hecho clave: la mayor parte de la crítica pública se vincula con el funcionamiento de las rutas interurbanas en ciertos días del año por la creciente congestión en las autopistas urbanas. Esto conlleva el desafío de mejorar la infraestructura y sus servicios, pero no solo de la concesionada.

Para la concesionada, uno de los mecanismos contemplados en la ley es la posibilidad de que -a través de los convenios complementarios- el Estado le pida o incluso le exija al privado la ejecución de nuevas obras antes del término de la concesión. Ello debe ser retribuido, ya sea con tarifas, pagos directos o ampliaciones de plazo. El Gobierno acaba de anunciar un conjunto relevante de nuevas obras utilizando este mecanismo. Nuevamente han surgido críticas, como si ello fuese siempre inconveniente.

Hay varias posibles respuestas a los críticos. Yo creo que la mejor es la transparencia. Cualquiera debería poder auditar todos los elementos de un convenio complementario y concluir si la decisión del Estado fue la más eficaz y eficiente. Los contratos son públicos. Mientras no se haga esa auditoría, solo estamos frente a prejuicios. No está de más recordar que la política de concesiones implica un paradigma novedoso en la relación del Estado mandante y el privado proveedor.

Es la Asociación Público Privada. No es la relación mandante mandatario. Hay una affectio societatis y, por sobre todo, elementos de confianza y colaboración estructurantes de un nuevo modo de relación. Por eso, todo aquello que le reste instrumentos al Estado para mejorar la infraestructura solo conduce a una pérdida de valor del país. Si hay aspectos que se deben mejorar, trabajemos para hacerlo, pero no nos estanquemos, tal como opina que estamos el 40% de los chilenos.

Juan Eduardo Saldivia

Presidente de Copsa A.G.

(Esta columna fue publicada en diario Pulso)