Sentido de urgencia por el agua

En el Día Mundial del Agua vale la pena reiterar que el impacto del cambio climático sobre Chile es devastador. Es cuestión de mirar las cifras sobre cómo ha evolucionado la pluviometría. Este panorama ha abierto la discusión sobre una nueva institucionalidad, incentivos para el ahorro, la asignación de presupuestos para diversos usos y la búsqueda nuevas fuentes hídricas. En paralelo se ha recurrido a reservas subterráneas, a través de la creciente profundización de pozos, con el fin de paliar la crisis.

Por su parte, los sectores con mayores ingresos, como el minero, han resuelto su problema a través de la desalinización de agua de mar, sin más regulación que aquella que se exige para optar a las concesiones marítimas y su impacto en el medio ambiente. Entonces, la pregunta crítica es ¿cuánto tiempo debemos esperar para que las diferentes acciones comiencen a dar sus frutos? La nueva institucionalidad que proponía una subsecretaría de Recursos Hídricos adscrita al MOP no ha avanzado en el Congreso y tampoco hay una propuesta alternativa.

A la vez, surgen desafíos como una política tarifaria para las empresas sanitarias que promueva las inversiones en ahorro del recurso, la ampliación de las fuentes, el reúso y el uso racional por parte de los consumidores. Sólo así podremos regular la oferta y racionalizar el consumo de acuerdo a esta nueva realidad. Y si es necesario avanzar hacia una política de subsidios, se debe hacer de la manera racional y acorto plazo.

Con las experiencias del sector minero es posible diseñar una política de desalinización que vaya más allá del interés privado por desarrollar este tipo de proyectos. Los gobiernos regionales deberían enfrentar las carencias en zonas críticas recurriendo a este tipo de soluciones técnicamente probadas. Es importante definir las localizaciones, el volumen de agua que aportarían y, por lo tanto, el tamaño de las plantas. En paralelo se debe definir la conducción de estos recursos a través de cauces y caminos, su almacenamiento en tranques y embalses —hoy sin uso alternativo—, los costos a las que se podría proveer, tarifas que se podría cobrar y subsidios que se deberían aportar.

La Ley de Concesiones de Infraestructura Pública es un buen instrumento para este efecto. Los gobiernos regionales que lo requieran bien podrían mandatar al MOP para que avance en esta dirección.

Carta de Carlos Cruz Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)


Fuente: La Segunda